UAN la 5ta universidad, que está endeuda de diez que están a punto de la quiebra

El Obturador de Nayarit// Agencias //  Martes 21 de Agosto del 2018.-  Diez universidades públicas del país se encuentran en riesgo de viabilidad financiera debido a los adeudos millonarios en impuestos y seguridad social, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Conforme a información actualizada hasta abril pasado, estas diez instituciones adeudan, en conjunto, alrededor de 10 mil millones de pesos.

La cifra incluye pagos pendientes al Servicio de Administración Tributaria y al ISSSTE, así como recargos y actualizaciones.

Las “universidades con problemas estructurales críticos”, denominadas así por la SEP, se suman a las carencias nacionales en la educación superior relatadas por Crónica en las últimas semanas, como falta de cobertura, abandono escolar y déficit en el desarrollo de competencias idóneas para el mercado laboral. Un panorama reincidente en otros niveles educativos.

En el top 10 de “instituciones deudoras” están, en números cerrados, la Universidad Veracruzana, con un pasivo de 2 mil 800 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Zacatecas, con mil 900 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Chiapas, con mil 700 millones de pesos; y la Universidad Autónoma del Estado de México, con mil 450 millones de pesos.

Además, la Universidad Autónoma de Nayarit, con una deuda de 900 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 560 millones de pesos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 260 millones de pesos; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con 70 millones de pesos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 32 millones de pesos y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 22 millones de pesos.

MÓVILES. El documento Retos de la Educación Superior en México 2018, identifica siete razones principales de estos “hoyos financieros”, aunque “el peso de cada una varía de una Universidad a otra”, dice la SEP.

Las causas más graves y coincidentes son: plantillas no reconocidas, tanto de profesores como de trabajadores; prestaciones a maestros, administrativos y empleados nominales “no contempladas en el modelo” convenido por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Un creciente peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo, y la ya referida “acumulación de años de déficit, la cual incide en la magnitud de los adeudos al SAT y a los proveedores de Seguridad Social”.

La dependencia también reconoce un menor flujo de recursos por parte de los gobiernos estatales en relación a lo convenido con la Federación y con el gremio (IES) afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); baja en el crecimiento de subsidio federal en los últimos años, pero en especial en el ciclo 2016-2017, y reducción en los fondos extraordinarios, así como asignación diferenciada del subsidio ordinario per cápita.

EL DINERO. Un análisis comparativo elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior “con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y aportaciones de la SHCP para funciones de Educación Superior y Posgrado”, reveló lo siguiente: el financiamiento federal para este nivel educativo bajó de 139 mil 300 millones de pesos en 2016 a 137 mil 255 millones de pesos en 2017, es decir, casi dos puntos porcentuales. El descenso provocó faltantes y huecos financieros, los cuales no han podido solventarse al paso del tiempo, pese al minúsculo aumento presupuestal de 2018 (142 mil 959 millones de pesos).

El rubro más castigado en el sexenio de Enrique Peña Nieto es el de los fondos extraordinarios para la educación superior: pasaron de 8 mil 907 millones de pesos en 2013 a 2 mil 948 millones de pesos en 2018, una caída del 200 por ciento. 

También se empantanó el llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), uno de los ocho fondos del Ramo General 33 de aportaciones federales a estados y municipios, y el cual está relacionado con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación superior.

“Las obras en las universidades públicas estatales se ejecutan bajo un esquema descentralizado, ya que a partir de 1998 se determinó que en relación con las instituciones de los niveles medio superior y superior, el gobierno del estado o los municipios tomarían las medidas conducentes para ser responsables de la construcción de los espacios educativos”, justifica la SEP.

El FAM, único mecanismo de responsabilidad federal en este ámbito, sólo subió de 2012 a 2018 un 20 por ciento, al pasar de $3 mil 156 millones a 3 mil 991 millones de pesos.

El deterioro económico no es exclusivo de las diez universidades mencionadas, pues algunas otras como la Universidad de Sonora (Unison) han comenzado a resentir la falta de recursos y las obligaciones fiscales o de seguridad social.

“Los profesores universitarios no podemos jubilarnos, porque saquearon el ISSSTE, también nos han quitado el seguro; todas las instituciones educativas están desfondadas desde el punto de vista financiero”, señala a Crónica Olga Armida Grijalva, académica de la Unison.

“La mala situación se refleja en el nivel educativo: no se ve ese compromiso, esa pasión para desarrollar al joven, sino pura simulación; sin buenos planes de estudio, se desvincula la emoción, y ahora los maestros universitarios estamos obligados a juntar puntos para tener más dinero”.

–¿Y el alumno, el nuevo profesionista? –se le pregunta.

–A Dios gracias, privilegiamos la cantidad en vez de la calidad, que el estudiante pase como sea, porque te reditúa en más dinero bajo un sistema de puntaje donde se privilegia la aprobación indiscriminada. Los jóvenes se convirtieron en mercancía. Cada quien está metido en su cubículo para hacer puntos y canjearlos en este boom del turismo académico.

ESTRATEGIAS DE PAPEL. Según al diagnóstico de la SEP, para evitar más quebrantos en las universidades públicas, es urgente implementar estrategias “que permitan avanzar en el mediano plazo al saneamiento financiero y la atención de los problemas estructurales de las instituciones”, y “que eviten el ahogo financiero, sobre todo a partir del segundo semestre de 2018”.

Sin embargo, el sexenio se acaba y no se vislumbra una luz en el camino. Parece ya tarea para la administración de AMLO y del anunciado titular de la SEP, Esteban Moctezuma.